La implementación de los Acuerdos de Paz
Existen diversas interpretaciones
sobre los avances e incumplimientos en la implementación del Acuerdo Final (AF)
firmado entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional.
Posturas institucionalistas afirman
que el balance es positivo. Destacan como logros trascendentales la dejación de
las armas (8.994 armas entregadas), la constitución del partido político Fuerza
Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), la disminución de la violencia, las
transformaciones constitucionales y normativas, y la nueva institucionalidad
del posconflicto.
Por su parte, la nueva fuerza
política FARC, ha manifestado su preocupación por el elevado nivel de
incumplimiento del Gobierno Nacional en la implementación de los acuerdos, en
especial en los temas referidos a la reincorporación de los y las
excombatientes.
Esta situación, ha sido advertida
por diversos actores. Al respecto, resultan ilustrativas las posturas de la
comunidad internacional sobre el avance del proceso. El Secretario General
adjunto de las Naciones Unidas para asuntos políticos, Jeffrey Feltman,
manifestó su preocupación por la falta de una estrategia general de
reintegración acompañada de planes y recursos concretos que permitan su éxito.
También, alertó sobre los problemas de seguridad en las zonas y las
incertidumbres lagales[1].
Así las cosas, pese a la insistencia
del Gobierno Nacional en mostrar el alto nivel de cumplimiento, el balance
resulta desalentador. En efecto, un análisis del fast track[2]
permite identificar entre otros los siguientes asuntos:
- Desarrollos normativos: Se destacan dos asuntos. Por una parte, no se emitieron todas las leyes y reformas constitucionales necesarias para una adecuada implementación del AF. Por la otra, algunos de los desarrollos normativos emitidos desconocieron lo acordado. El caso de la ley estaturia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a través de la cual se limitó el reconocimiento de responsabilidad de terceros en el desarrollo del conflicto armado es de los asuntos más problemáticos a destacar. Así las cosas, aunque se aprobó un paquete normativo importante, es a todas luces insuficiente, para garantizar una efectiva implementación de lo acordado.
- Garantías y seguridad para reincorporación: Se advierte un incumplimiento del gobierno para garantizar una reincorporación efectiva e integral de los y las excombatientes.
- Financiación: El gobierno nacional estableció una temporalidad de financiación de 15 años, contraviniendo los 10 años pactados. Esto resulta problemático porque reduce los recursos que anualmente se destinarían a la implementación de lo acordado. Aunado a lo anterior, estableció una suma total de 129,5 billones de pesos (colombianos), lo que representa una inversión anual de poco menos del 1% del PIB. Esta cifra resulta irrisoria según las cifras proyectadas por diversas entidades públicas y privadas. Incluso esta cifra irrisoria a partir de lo aprobado en el presupuesto y las bases del PND no resulta claro si logrará garantizarse.
- Verdad sobre el desarrollo del conflicto: Uno de los asuntos más dramáticos es la posibilidad histórica que como sociedad se perdió con la tergiversación que hizo el Congreso de la República de los propósitos de la JEP. En la ley que reglamenta esta justicia especial se eliminó la obligación de que terceros responsables en la dinamización del conflicto tuvieran que responder. Así las cosas, terminó perfilándose una justicia para juzgar a los ex combatientes pero no para indagar por otros responsables, especialmente sectores privados que financiaron y auspiciaron la constitución de grupos paramilitares.
Este escenario resulta problemático
para la construcción de una paz estable y duradera. De manera específica,
dificulta la generación de unas condiciones de resolución de lógicas de
conflictividad que se viven en los centros urbanos. Es importante recordar que
el conflicto armado aunque tuvo su desarrollo de manera más directa en los
espacios rurales transformó los centros urbanos, no solo, por la llegada dramática
de millones de pobladores, sino también, por las dinámicas de securitización
que se generaron.
Pese a este panorama, la Construcción
de una Paz estable y duradera, sigue siendo un escenario en disputa para la
sociedad colombiana, especialmente para el movimiento social y popular. Los sin
sabores de lo corrido de la implementación, no pueden conducir a abandonar la
lucha por la implementación de los acuerdos.
Carolina
Jiménez Martín [1]
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